©  Rafael Montoto Llera

 

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Administrativamente, España se encuentra dividida en 17 Comunidades Autónomas. Pero esto no significa que se encuentre socialmente dividida. A pesar de todas las diferencias de idioma, usos y costumbres, tenemos un carácter fijo que permite a los extranjeros distinguir enseguida a un español de un natural de cualquier otro país, incluyendo los de la cuenca mediterránea. Por otro lado, compartir unos intereses materiales y unas aspiraciones intelectuales, unen de forma más estrecha y sueldan entre sí las relaciones de todas las provincias españolas, mientras que el gobierno español no es otra cosa que un mero ente administrativo a las órdenes de Bruselas que buscan a atomización de la sociedad. Ahora se vive con la ficción de una pretendida representación del pueblo, cuando realmente la administración del Estado se encuentra en manos de un puñado de privilegiados, elegidos por las muchedumbres que no saben nunca por qué ni a quién votan para unas Cortes Generales, que se imaginan que son el pensamiento y la voluntad de todo el pueblo, y de cuya actividad el pueblo real no tiene la menor idea, siendo así porque el factor económico siempre ha precedido al derecho político. Mientras que el artículo 1.2 de la Constitución atribuye la soberanía nacional al pueblo español, resulta que ese mismo pueblo no puede convocar un referéndum nacional para decidir el cese de su gobierno, porque ahora la soberanía pertenece a los partidos políticos representados en las Cortes Generales, supuestamente en representación del pueblo. También se afirma sin rubor que la actual Constitución fue aprobada por los españoles en referéndum, siendo así que, tanto en 1992 como en 2011, fue modificada por esas mismas Cortes Generales sin consultar al pueblo. El reparto de escaños hace que no tenga el mismo peso el voto de un diputado por Madrid (que representa a 180.000 habitantes) que el de Soria (que representa a 44.000 habitantes). Se aplica la llamada Ley D’Hondt, que es un sistema de reparto proporcional destinado a impedir el acceso al Congreso de los Diputados a las opciones políticas minoritarias, en beneficio de los partidos mayoritarios. Y, considerando que los partidos políticos son unas organizaciones jerárquicas, resulta que su propia organización vertical les impide ser democráticos, por lo que, en esas condiciones, no puede haber un control al gobierno en las Comisiones Parlamentarias en las que el partido gobernante tenga mayoría. Del mismo modo, los veinte vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial son elegidos por las Cortes Generales, resultando que el Poder Legislativo (cuyos componentes han sido elegidos por la jerarquía de su partido) es quien elige al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, lo que quiebra irreparablemente la separación de poderes, que es la norma básica para la existencia de la democracia. Por todo ello, mientras los intereses y aspiraciones del pueblo tienden hacia el reforzamiento de la unidad social, el poder económico empuja hacia la disolución de España como Estado, y la cesión total de su soberanía a la Unión Europea. A esta clase privilegiada se encuentran unidos los ladrones que roban al país en nombre del Estado y que lo han llevado a un grado extremo de empobrecimiento y postración. Pero ni aún la pobreza más extrema es causa suficiente para iniciar una revolución o un golpe de Estado, sino con la defensa de un ideal común desarrollado históricamente por las necesidades del pueblo y sus aspiraciones, conscientes o inconscientes, siempre desde posiciones no violentas y organizándose de abajo a arriba. Cuando tal idea y tal fin se acepten por el pueblo, entonces el cambio social será inevitable y ninguna fuerza podrá resistirle porque, bajo esas condiciones, un pueblo puede conquistar siempre su libertad.
Administrativamente, España se encuentra dividida en 17 Comunidades Autónomas. Pero esto no significa que se encuentre socialmente dividida. A pesar de todas las diferencias de idioma, usos y costumbres, tenemos un carácter fijo que permite a los extranjeros distinguir enseguida a un español de un natural de cualquier otro país, incluyendo los de la cuenca mediterránea. Por otro lado, compartir unos intereses materiales y unas aspiraciones intelectuales, unen de forma más estrecha y sueldan entre sí las relaciones de todas las provincias españolas, mientras que el gobierno español no es otra cosa que un mero ente administrativo a las órdenes de Bruselas que buscan a atomización de la sociedad. Ahora se vive con la ficción de una pretendida representación del pueblo, cuando realmente la administración del Estado se encuentra en manos de un puñado de privilegiados, elegidos por las muchedumbres que no saben nunca por qué ni a quién votan para unas Cortes Generales, que se imaginan que son el pensamiento y la voluntad de todo el pueblo, y de cuya actividad el pueblo real no tiene la menor idea, siendo así porque el factor económico siempre ha precedido al derecho político. Mientras que el artículo 1.2 de la Constitución atribuye la soberanía nacional al pueblo español, resulta que ese mismo pueblo no puede convocar un referéndum nacional para decidir el cese de su gobierno, porque ahora la soberanía pertenece a los partidos políticos representados en las Cortes Generales, supuestamente en representación del pueblo. También se afirma sin rubor que la actual Constitución fue aprobada por los españoles en referéndum, siendo así que, tanto en 1992 como en 2011, fue modificada por esas mismas Cortes Generales sin consultar al pueblo. El reparto de escaños hace que no tenga el mismo peso el voto de un diputado por Madrid (que representa a 180.000 habitantes) que el de Soria (que representa a 44.000 habitantes). Se aplica la llamada Ley D’Hondt, que es un sistema de reparto proporcional destinado a impedir el acceso al Congreso de los Diputados a las opciones políticas minoritarias, en beneficio de los partidos mayoritarios. Y, considerando que los partidos políticos son unas organizaciones jerárquicas, resulta que su propia organización vertical les impide ser democráticos, por lo que, en esas condiciones, no puede haber un control al gobierno en las Comisiones Parlamentarias en las que el partido gobernante tenga mayoría. Del mismo modo, los veinte vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial son elegidos por las Cortes Generales, resultando que el Poder Legislativo (cuyos componentes han sido elegidos por la jerarquía de su partido) es quien elige al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, lo que quiebra irreparablemente la separación de poderes, que es la norma básica para la existencia de la democracia. Por todo ello, mientras los intereses y aspiraciones del pueblo tienden hacia el reforzamiento de la unidad social, el poder económico empuja hacia la disolución de España como Estado, y la cesión total de su soberanía a la Unión Europea. A esta clase privilegiada se encuentran unidos los ladrones que roban al país en nombre del Estado y que lo han llevado a un grado extremo de empobrecimiento y postración. Pero ni aún la pobreza más extrema es causa suficiente para iniciar una revolución o un golpe de Estado, sino con la defensa de un ideal común desarrollado históricamente por las necesidades del pueblo y sus aspiraciones, conscientes o inconscientes, siempre desde posiciones no violentas y organizándose de abajo a arriba. Cuando tal idea y tal fin se acepten por el pueblo, entonces el cambio social será inevitable y ninguna fuerza podrá resistirle porque, bajo esas condiciones, un pueblo puede conquistar siempre su libertad.